Las defensas buscan determinar la forma en la que las autoridades accedieron a determinada información que sirvió para incriminar sus defendidos y cómo esta llegó a España
Si una prueba, aunque sea indiciaria, se obtiene vulnerando los derechos fundamentales del investigado, será nula y no podrá ser utilizada en el proceso penal. Es lo que se desprende del artículo 11 de la ley Orgánica del Poder Judicial y del 24 de la Constitución Española. Si se demuestra que una investigación se basa o comienza con una prueba de este tipo, aunque las pruebas derivadas hayan sido obtenidas respetando la legalidad, toda la investigación podría ser invalidada. Eso es exactamente lo que puede suceder con decenas de causas relacionadas con el sistema de comunicaciones encriptado Encrochat, que afronta una semana trascendental. La Audiencia Nacional ha admitido unas diligencias que varias defensas llevaban tiempo reclamando en distintos juzgados, que buscan determinar la forma en la que las autoridades accedieron a determinada información que sirvió para incriminar sus defendidos y cómo esta llegó a España, que podrían comprometer las causas en curso al haber vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones y la intimidad personal recogidos en el artículo 18 de la Constitución Española.
En la semana previa a que la Abogada General del TJUE, Tamara Carpéta, se pronuncie en sus conclusiones sobre la legalidad de Encrochat, este jueves, respondiendo a una cuestión prejudicial elevada por un tribunal de Berlín, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó un auto, el pasado viernes, que podría tener consecuencias importantes. Los magistrados Félix Alfonso Guevara, Carlos Fraile y José Pedro Vázquez estimaron parcialmente el recurso de apelación formulado por las defensa dirigida por la abogada Paloma García Sánchez en un asunto que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que había desestimado en varias ocasiones lanulidad de determinadas diligencias y la práctica de otras solicitadas encaminada a contrastar la legalidad del origen de la investigación al entender que es prospectiva.
Para entender el alcance de este auto al que ha tenido acceso Economist & Jurist, hace falta algo de contexto: Encrochat es un sistema de comunicación encriptada usado por, aunque no solo, personas que se dedicaban a actividades delictivas (entre ellas el narcotráfico o el blanqueo de capitales). Durante la primavera del año 2020, un equipo conjunto de investigación de policías franceses, holandeses y belgas acceden, autorizados judicialmente, al servidor de este sistema situado en Roubaix y descifran miles de conversaciones de personas de todo el mundo. No solo acceden a datos almacenados sino que, según exponen las defensas, también tienen acceso durante tiempo a datos en tiempo real.